Como se ha discutido anteriormente
la libertad negativa; aquellas en el quehacer está limitado por las normas.
Normas a la que los mismos ciudadanos se atan y que no permiten como se comenta
en la Guerra de Galio que un país avance. Mismas que vuelven a sus ciudadanos
rehenes de sus propias creaciones, del propio Estado, de su propio sueño
democratizador aunado a la libertad. Libertad no es lo mismo que liberalismo.
La política liberal está orientada a la defensa de la propiedad privada y el
bienestar de sus propietarios por parte del Estado.
La libertad negativa es, entonces,
aquello que los individuos tienen derecho a hacer y es donde la sociedad no
tiene derecho a intervenir. La dimensión privada del individuo queda
completamente separada de la sociedad. El individuo domina con total libertad
su ámbito privado y el ámbito público queda por fuera, bajo el control de la
sociedad, siendo la sociedad representada por el enorme monstruo que llamamos
gobierno.
Dicha democracia incipiente en
nuestro país, a los ojos del orbe, es el indicador de que el sistema funciona.
Lo que se dice es que la democracia mexicana es en realidad una “mafiocracia” como
le llama muy acertadamente Calderón Fernando 2011, y es precisamente esta
mafiocracia la que practica el terrorismo de Estado como si se tratase de una
vulgar dictadura.
Y señales de esta dictadura se
encuentran inmersas en las líneas de la Guerra de Galio, cómo en el momento en
que uno de los personajes señala que “en este país (refiriéndose a México) aún
no se le puede decir no a un presidente de la república”. Pareciera la novela
hacernos memoria en una realidad histórica de un pasado Priista en México,
dónde la figura presidencial gozaba de un fuero que rozaba en lo impune. En México
la tradición histórica de violencia de Estado e impunidad ha sido larga,
podríamos remitirnos a la revolución mexicana o a la guerra cristera, o la
guerra sucia de la década de los setentas y ochentas cuando el Estado exterminó
a las organizaciones guerrilleras violando libertades en pro de mantener vivo
el régimen político.
Si algún día los crímenes de la
actual guerra contra el narcotráfico son debidamente investigados y
sancionados, no se podrá poner en duda que la estrategia de guerra implementada
por el gobierno condujo a la barbarie. Deberán señalarse como máximos
responsables a los que colaboraron en la guerra. Y deberá reformarse la ley
para que otros actores y cómplices, como los medios de comunicación, no se
puedan lavar las manos por haber encubierto ante la opinión pública la
criminalidad del Estado.
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